SANTO DOMINGO.- Los expresidentes Leonel Fernández y Ernesto Samper, de la República Dominicana y Colombia, respectivamente, reflexionaron sobre las manifestaciones en múltiples ciudades colombianas, durante un conversatorio en el que también expusieron sus puntos de vista María Victoria Llorente, politóloga y directora ejecutiva de Fundación Ideas para la Paz, y Arlene B. Ticknet, profesora Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario.

Fernández, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), moderó la conversación en la que se analizaron los factores económicos y sociales que inciden en la escalada de protestas, y la posibilidad de que el fenómeno se traslade a otros países, si los gobiernos intentan, como en Colombia, introducir reformas fiscales para aumentar sus ingresos y enfrentar los déficits que ha producido la pandemia del COVID-19.

Fernández hizo referencia al impacto sanitario y económico de la pandemia, y a las políticas contra cíclicas que han tenido que aplicar los gobiernos en todas partes del mundo, lo cual ha conllevado un aumento del gasto público en medio de una disminución de los ingresos fiscales.

Ese déficit –apuntó- se financia a través de bonos y endeudamiento público. Me parece que es el caso también de Colombia, manifestó, y refirió el déficit notable su deuda y la necesidad que tiene, por consiguiente, de balancear sus finanzas públicas.

Ese intento de buscar una solución nacional a un problema que amerita una solución a otros niveles, es, según Fernández, un factor clave a considerar en el caso colombiano y en el de todos los países enfrentados a una situación similar por la pandemia, porque también se enfrentan a la presión que están ejerciendo sobre los gobiernos las agencias calificadoras de riesgos y el Fondo Monetario Internacional, para que hagan ajustes fiscales.

Se manifestó de acuerdo con Samper cuando consideró que la estrategia impositiva planteada, y luego retirada, no era, como se quería presentar, como una “ley de solidaridad”, sino una reforma tributaria que afectaba a la clase media, al consumo, en perjuicio de los pobres fundamentalmente.

Con la situación de desigualdad que ya existe en Colombia constituye una situación social muy difícil tener que pagar más recursos por los servicios e insumos; creo que eso provocó el enojo, conjuntamente con todos los aspectos que enfrentaba la sociedad colombiana, apuntó el expresidente dominicano.

En el conversatorio también se refirieron a los fracasos del proceso de paz. La conversación completa está disponible en el canal de YouTube Funglode Multimedia

Samper propone expansión del gasto público para que sobrevivan uno o dos años los colombianos más pobres

Creo que aquí, dentro de la muchas de las consecuencias de esta situación no solamente en Colombia, sino en América Latina está comprometido el viejo modelo de desarrollo y la incapacidad de ese modelo de crear condiciones masivas de igualdad, que son las que en este momento comienzan a hacerse evidentes en Colombia, manifestó el exmandatario colombiano

Agregó que con la aparición de este estallido social, es claro que presentar una reforma fiscal en los términos tradicionales atendiendo a las exigencias del Fondo Monetario Internacional para reducir el techo fiscal, para ajustar las finanzas y buscar algunas condiciones de normalidad constituye un “suicidio político y social”.

En opinión de Samper, fue esa situación la que produjo la detonación, del estallido social. Lamentó a seguidas que el gobierno, “lamentablemente”, siga trabajando en una propuesta de una nueva reforma tributaria que en el mejor de los casos puede llegar a producir entre 10 y 12 millones de pesos.

Consideró que esa suma no es para nada suficiente para poder conjurar la crisis con las dimensiones que tiene en que en este momento, cuando en Colombia ya hay “siete millones de pobres absolutos”, los cuales, según los criterios de las Naciones Unidas, ingresan menos de dos dólares diarios para su subsistencia.

Por ello planteó como solución, establecer un proceso de expansión del gasto público que garantice a esos siete millones ingresos mínimos para sobrevivir, para comer. Que por lo menos le garantiza.

En Colombia, advirtió, el tema del hambre ha comenzado a sonar en todos los análisis.

María Victoria Llorente: Estamos en un momento institucional muy peligroso

Yo quisiera estar tan optimista como el presidente de Samper, pero en este momento. Estoy viendo que estamos en un momento de gran confusión. Hay una ebullición de iniciativas de diálogo, lo cual es positivo, pero no veo una estructura que sea creíble y que conduzca a que se vaya construyendo una agenda común que se haga realidad.

Esto, advirtió, puede terminar en una nueva frustración.

La politóloga tampoco ve que el liderazgo político, tanto del gobierno como de la oposición, estén conduciendo un proceso que lleve a un camino esperanzador.

Está bien que la agenda de desigualdad se convierta en una prioridad en Colombia, argumentó, para añadir que “eso necesita canalizarse a través de mecanismos creíbles que conduzcan a que se construya acuerdos, tanto sociales, como políticos para que se empiecen a dar los cambios.

Creo que seguimos patinando, que estamos en un momento muy peligroso en donde cada vez más se está fraccionando la situación, con casos cada vez más locales.

Alertó sobre la “violencia extraña” que se registra, de la que ya uno no sabe de dónde viene. “Creo que estamos en un momento institucional muy preocupante; no veo a la clase política verdaderamente ocupándose de esta situación y ayudando a encontrar salida a través de un proceso que sea creíble para los ciudadanos”, manifestó.

Arlene B. Ticknet, en modo de espera, entre una visión optimista y pesimista a la vez.

Por su lado, Ticknet dijo que quisiera compartir el optimismo de Samper y el pesimismo de Llorente, ante la compleja situación.

Considero que si no se llega un punto en el que la crisis se logre desescalar, mitigar la violencia y que se levanten los bloqueos, va a registrarse un mayor deterioro de la situación, que podría llevar a un estado de militarización del país.

“Para mí eso sería una estocada mortal a la institucionalidad democrática en Colombia que ya de por sí”, subrayó, para agregar la situación está un “punto crítico”.

Con una carga de optimismo, dijo también que no solo cree que de la crisis trae consigo un proceso importante de concienciación y visibilidad de los profundos problemas sociales que caracterizan a Colombia.

Manifestó que en los 30 años de vida que lleva en el país suramericano nunca había visto algo como lo que está aconteciendo.

Este proceso ofrece una plataforma para pensar hacia el futuro, afirmó la académica, quien también consideró que como positivo que la situación permitirá a los nuevos gobernantes –haciendo referencia a las próximas elecciones del 2022- tener más conciencia sobre la necesidad de construir un nuevo pacto social. El mismo que ofrecía la Constitución de 1991 y que se ha podido materializar.

Creo que el optimismo está en un stand- by – modo de espera- hasta que haya elecciones el año entrante, acotó.