(Santo Domingo). La inexistencia de un modelo único exitoso de políticas públicas en seguridad ciudadana en América Latina es una de las conclusiones de la VII Conferencia Internacional de Seguridad y Defensa “Políticas públicas de seguridad ciudadana aplicadas en América Latina”.

En el encuentro, que reunió especialistas nacionales e internacionales, se concluyó también que la seguridad ciudadana es una condición objetiva y subjetiva, de encontrarse libre del temor de violencia o despojo intencional por parte de otro(s).

Los expertos estuvieron de acuerdo en que la sistematización del concepto “Seguridad Ciudadana” implica la articulación de un conjunto de instituciones y actores sociales y políticos, públicos y privados, enlazados entre sí para contribuir al logro de la seguridad de los ciudadanos en un espacio y tiempo determinado.

Asimismo concluyeron en que a las instituciones involucradas en el sistema de seguridad ciudadana se les deben establecer responsabilidades que sean medibles en sus avances y con un sistema de consecuencias frente a su incumplimiento.

También que los modos de actuación y los modelos de organización militar aún inciden de manera marcada en la educación y formación de las instituciones policiales.

Puntualizaron que la ausencia de funcionarios públicos capacitados, con responsabilidades de formulación de políticas públicas de seguridad ciudadana, constituye un escollo en la gestión de las políticas públicas de seguridad ciudadana en los gobiernos nacionales, provinciales y municipales.

Los especialistas concluyeron también que una nueva corriente filosófico-doctrinaria se esparce en la región de Latinoamérica, que tiene como factor común la gestión de políticas públicas de seguridad ciudadana. En el aspecto de la cooperación internacional, se hace necesario que los organismos internacionales adopten mecanismos comunes de apoyo a los Estados.

Además, que es necesario priorizar la discusión del papel de la mujer en la construcción de una cultura de paz.

En materia de políticas pública aplicadas en América Latina, algunas experiencias (Guatemala, Rio de Janeiro-Brasil) se orientan hacia un incremento de las penas por el delito de porte y tenencia de armas de fuego, que han tenido como resultado una disminución de la violencia armada.

Estuvieron de acuerdo en que las políticas públicas de seguridad ciudadana, en lo referente a la seguridad privada, a pesar de su creciente importancia e incidencia en la seguridad ciudadana, todavía carece de marco legal regulatorio.

Del 21 al 23 de octubre, el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) reunió profesionales del área de la seguridad que debatieron temas como los observatorios de seguridad ciudadana, la importancia de los observatorios para la aplicación de políticas, la educación de los servidores públicos como política pública de seguridad ciudadana, las reformas policiales, la violencia armada, la mujeres víctimas de la violencia y los sistemas de emergencias y seguridad.