Harold Modesto, director del Observatorio Judicial Dominicano (OJD) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), señaló que en estos momentos resulta indispensable desarrollar estrategias para comunicar mejor la cuestión penal, al referirse a los retos que tiene por delante el sistema de justicia penal a trece años desde el inicio de la implementación del Código Procesal Penal (CPP). “El principal desafío de la Justicia es diseñar estrategias para comunicar mejor la cuestión penal. El Poder Judicial, al igual que los demás poderes del Estado, debe garantizar un diálogo adecuado con la sociedad y en estos momentos es necesario articular mejor los canales a través de los cuales se lleva a cabo, sobre todo en lo que respecta a la administración de la justicia penal”, indicó. Para Modesto, entrevistado por Graynmer Méndez en el programa “Casi Personal”, en la sociedad dominicana se han producido cambios importantes desde el inicio de la implementación del CPP, el 27 de septiembre de 2004, y en consecuencia, para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía, es necesario comprender en qué consisten los mismos y qué nuevas dinámicas han generado. Señaló que hay un gran desconocimiento del funcionamiento del sistema de justicia, por lo que a la sociedad se le dificulta comprender ciertos aspectos. “Porque algunos jueces decidan mal, porque algunos miembros del Ministerio Público acusen mal y porque algunos policías investiguen mal no se debe concluir que todo el sistema está mal”, resaltó. Justicia y medios de comunicación El también docente de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) considera que una buena relación entre la Justicia y los medios de comunicación es vital para garantizar un real Estado de derecho. “En un Estado de derecho es necesario que las instituciones y los tomadores de decisiones tengan la sensación de que están siendo observados, de ahí la importancia del trabajo de los medios de comunicación. Sin embargo, para que el rol de los medios surta efectos positivos debe tenerse en cuenta que la información rendida posea suficiente calidad para no producir más confusiones en quienes buscan respuestas”, explicó. Por último, mostró preocupación por el tema presupuestario al indicar que el Poder Judicial funciona con muchas limitaciones. “Ni al Poder Judicial ni al Ministerio Público se les ha asignado el porcentaje del presupuesto que le corresponde al sector justicia por mandato de la Ley núm. 194-04, sobre Autonomía Presupuestaria y Administrativa del Ministerio Público y de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. En conjunto se les debe asignar por lo menos un 4.10 % de los ingresos internos (un 65% del 4.10 corresponderá al PJ [2.66] y un 35% [1.44] corresponderá al MP). Lo que se viene discutiendo en estos días indica que la historia se repetirá para el presupuesto de 2018”, concluyó.