(Santo Domingo, 20 de enero de 2011). FUNGLODE organizó el pasado 19 de enero la primera de una serie de reuniones llamadas a analizar con diferentes actores de la vida política, económica y social de la República Dominicana el proyecto de ley de Economía Solidaria, propuesta elaborada por la Red Dominicana de Organizaciones de Economía Solidaria.
En la actividad estuvieron presentes miembros de dicha red, encabezados por Nicolás Cruz, director ejecutivo del Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC), y varios diputados, entre los que cabe mencionar Plutarco Pérez, Hamlet Melo y Guadalupe Valdez. La moderación estuvo a cargo de Marco Coscione, investigador de FUNGLODE en el área de Comercio Justo.
La economía solidaria es una realidad en el país como experiencia económica que influye en el desarrollo local y nacional desde una óptica que no es la de la acumulación de riqueza. Surge desde la iniciativa privada, pero desde personas que viven en condiciones de exclusión y pobreza y, sobre todo, que no buscan la acumulación de capital, enriquecerse o el bien individual, sino que valoran en la economía su función social.
A lo largo de la reunión, se habló de la economía solidaria como aquella que se nutre de la solidaridad de sus trabajadores, que son muchas veces autónomos e “informales”, pero que se asocian para poder defender mejor sus derechos, para aumentar la productividad, para generar más recursos y, sobre todo, para responder de manera comunitaria a la falta de servicios y bienes públicos que el Estado no es capaz de garantizar.
Se pusieron varios ejemplos, mayormente vinculados con organizaciones de pequeños productores que, casi sin aportaciones del Estado, venden un producto competitivo y de calidad (orgánico y de comercio justo) y para sus comunidades son los únicos interlocutores a la hora de pedir ayudas en materia de salud, educación, productividad, gestión medioambiental, etc.
Hubo también una mención para el fundamento que ampara esta ley: el artículo 222 de la Constitución, que versa sobre la Promoción de iniciativas económicas populares. “El Estado reconoce el aporte de las iniciativas económicas populares al desarrollo del país; fomenta las condiciones de integración del sector informal en la economía nacional; incentiva y protege el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, las cooperativas, las empresas familiares y otras formas de asociación comunitaria para el trabajo, la producción, el ahorro y el consumo, que generen condiciones que les permitan acceder a financiamiento, asistencia técnica y capacitación oportunos”.
El debate entre los presentes fue animado. Especialmente, cuando se habló del papel que jugarían las cooperativas, partiendo de la base de que existe una ley sobre ellas y habría que ver cómo quedaría enmarcada dentro de una nueva arquitectura legal como la que propone la Ley de Economía Solidaria, tomando en cuenta además que el sistema cooperativo existe desde hace mucho tiempo en el país.
Otro punto interesante de la reflexión que hicieron los presentes tuvo que ver con el llamado “trabajador informal”. Normalmente, es visto como alguien fuera de la ley y, sin embargo, muchas veces es un trabajador autónomo que con su esfuerzo sigue adelante sin que se le reconozca su función social.
