Santo Domingo, D.N. – La siniestralidad vial en la República Dominicana se ha consolidado como la principal causa de muertes violentas. Esto representa el 46 % entre todas las causas, superando ampliamente los homicidios intencionales (22 %) y suicidios (13 %). Fenómeno que se convierte en una amenaza directa para el desarrollo sostenible de la nación. Así lo revela el último estudio publicado por el Observatorio Político Dominicano (OPD-FUNGLODE), titulado Siniestralidad vial en República Dominicana: un problema multifactorial. El objetivo del estudio es dimensionar el costo humano y económico de esta crisis y proponer medidas estructurales que contribuyan a su reducción; por lo tanto, advierte sobre un deterioro alarmante en los indicadores de seguridad en las carreteras.
La investigación realizada por los investigadores Greidys Joel Roa Chalas y Lisleyda Martínez Polanco, analiza la evolución de la seguridad vial. Al mismo tiempo, destaca que el año 2024 marcó un máximo histórico en la serie reciente de la ONE, con 1,961 fallecimientos in situ (en el lugar del hecho). Este repunte, que representa un incremento interanual del 11.9 %, indica una insuficiencia sistémica en las políticas actuales de contención para frenar este fenómeno.
El perfil del riesgo: motocicletas y la “paradoja de fiscalización”
El estudio del OPD perfila a las víctimas y los escenarios de mayor letalidad. El usuario de motocicleta — que representa el 57 % del parque vehicular — está involucrado en más del 70 % de las muertes. Situación que afecta, fundamentalmente a hombres jóvenes en el rango de 20 y 34 años, quienes concentran el 31 % de los fallecimientos.
A esta vulnerabilidad se suma uno de los hallazgos más reveladores del estudio: una desconexión entre las causas de muerte y la fiscalización del Estado. Mientras, los deslizamientos por exceso de velocidad provocaron el 20.5 % de las defunciones del año 2024. Asimismo, las infracciones penalizadas por esta causa apenas representaron un mínimo histórico del 2.9 % del total de multas impuestas por la DIGESETT en el mismo año. El informe señala: ” Existe una brecha crítica de gestión; la capacidad de detección y sanción del Estado no está capturando la conducta que más vidas cobra en las carreteras”.
El mito de las “horas pico”: la muerte llega de noche y en fin de semana
Asimismo, se desmiente la percepción de que la congestión laboral causa las muertes, confirmándose que la mortalidad responde a dinámicas de movilidad recreativa y social. Entonces, se observa que el 58 % de las muertes se aglutina entre el sábado, el domingo y el lunes, específicamente entre las 6:00 p.m. y las 2:00 a.m. El peligro de estas horas se multiplica al transitar por una infraestructura vial desfavorable al conductor . De acuerdo con el «Programa Internacional de Evaluación de Carreteras (iRAP)», los principales corredores logísticos del país operan con calificaciones de seguridad deficientes (una y dos estrellas). Esta precariedad dispara el riesgo de los usuarios: transitar por la Carretera Sánchez (Corredor Sur) supone un 78 % de probabilidad de sufrir un siniestro fatal, seguida por la Autopista Duarte con un 74.4 %, y la Autovía del Este con un 40 %. Esta realidad convierte el error humano en una sentencia letal debido a la ausencia de entornos viales que eximan las fallas del conductor.
Un desangramiento económico y sanitario
Más allá de las pérdidas humanas, el estudio dimensiona el impacto económico de esta crisis. Conservadoramente, la siniestralidad vial compromete el desarrollo sostenible del país con un impacto estimado en más del 2.2 % del PIB anual. Al aplicar métricas internacionales como el valor estadístico de la vida (VSL), las fatalidades de 2024 representaron un costo económico que superó los RD$ 126,000 millones.
Este desangramiento se traslada de inmediato al sistema de salud, generando un colapso directo en las emergencias médicas. Los siniestros viales acaparan en promedio el 11.4 % de todas las llamadas reales al Sistema 9-1-1, constituyéndose como la principal causa operativa de movilización del país. En centros traumatológicos como el Dr. Ney Arias Lora, entre el 22 % y el
36 % de todas las emergencias atendidas corresponden a siniestros viales. Peor aún, el 95.8 % de los pacientes ingresados por esta causa en 2025 fueron usuarios de motocicletas.
El “efecto Pareto” y las soluciones propuestas
La investigación concluyó que la mortalidad no se distribuye uniformemente en el territorio, sino que obedece a un “efecto Pareto”: el Gran Santo Domingo (18.3%) y un bloque crítico de cuatro provincias compuesto por San Cristóbal (7.5 %), Santiago (7.4 %), La Vega (7.0 %) y La Altagracia (6.7 %) concentran casi la mitad (47.10%) de los fallecimientos nacionales.
Ante el estancamiento de las políticas tradicionales, los investigadores del OPD señalan que la solución no reside en medidas genéricas, sino en un enfoque multisectorial. Para alcanzar la meta de reducir las fatalidades al 50 % para 2030, el estudio propone medidas radicales de “segunda generación”:
a) radares de tramo: implementar sistemas de velocidad media para eliminar el “efecto acordeón” de frenar solo ante las cámaras; b) licenciamiento gradual (GDL): establecer restricciones operativas (como el límite de manejo nocturno) para los conductores menores de 25 años durante sus primeros dos años de licencia; c) reingeniería policial (80/20): automatizar el tránsito diurno con semáforos inteligentes y volcar el 80 % de los agentes de la DIGESETT a la fiscalización de alcohol y velocidad en las noches y los fines de semana; d) fideicomiso de trauma: modificar la ley para que el dinero recaudado por multas deje de financiar el sistema penitenciario y se destine exclusivamente a unidades de trauma y prevención vial.
El estudio completo Siniestralidad vial en República Dominicana: un problema multifactorial está disponible para su consulta y descarga en el portal web del Observatorio Político Dominicano (OPD-FUNGLODE).
