(Santo Domingo, 23 de junio de 2012). “La lucha contra la piratería es una responsabilidad mundial”, manifestó François Henri Briard, abogado ante la Corte de Casación y el Consejo de Estado, presidente del Instituto Vergennes, y especialista sobre la Corte Suprema de los Estados Unidos, al disertar en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) sobre el alcance jurídico y económico de la piratería marítima, que tiene una alta incidencia en algunos literales costeros de África y Europa.
Argumentó que las implicaciones de estos actos de vandalismo sobre el mar representan un amplio costo para la economía mundial porque afectan considerablemente el comercio marítimo internacional, por las altas implicaciones económicas para los civiles que son atacados y el número de víctimas que genera.
“Es cierto que en El Caribe no se han denunciado casos de piratería marítima, pero sí se tiene un grave problema con el tráfico de drogas a través del mar”, dijo Briard.
Agregó que la acción contra la piratería marítima se inscribe en la acción del Estado sobre el mar. “El mar debe estar vigilado por el Estado, que es responsable de proteger los recursos marinos y la pesca, además de luchar contra el tráfico de armas y las drogas, controlar la migración clandestina, manifestó, para agregar que la última misión es la lucha contra la piratería marítima.
Briard explicó que uno de los principales problemas de la piratería es que la primera sugerencia de la ley recomienda que los países propietarios de los barcos sean los que asuman la responsabilidad de proceder con el caso contra los piratas que sean capturados, pero muchas veces estas naciones prefieren no involucrarse. En estos casos la responsabilidad pasa a manos del país que hace la captura.
Stéphane Faucher, vicepresidente del Instituto Internacional de Derecho a la Expresión y a la Inspiración Francesa (IDEF) y director jurídico del Grupo francés Spie-Batignoles, intervino en el encuentro para compartir su visión sobre el derecho civil y su implicación global.
“En la época de globalización en la que vivimos se debe tomar en cuenta el hecho de que actualmente las reglas mundiales se arreglan en términos jurídicos internacionales, ante todo. Si queremos conservar los valores de seguridad que ofrece el derecho civil, debemos verlo más allá de los límites territoriales. Este debe tener competencia y autoridad por encima de la territorialidad”, argumentó.
Ambos expositores hablaron en la conferencia: “Rol del derecho escrito en un contexto de mundialización: el ejemplo del proyecto OHADA para el Caribe”.
La Organización por la Armonización del Derecho de Negocios en África del Derecho Mercantil (OHADA) fue creada a principios de los 90, auspiciada por los países de la “zona franco” del África Central y Occidental para avanzar en su integración jurídica y económica, en este caso en el ámbito del derecho mercantil.
Con una clara inspiración en el derecho comunitario europeo, la uniformización (más que armonización) de los sistemas legislativos de los países miembros se efectúa principalmente mediante la aprobación de unos Actos Uniformes que, a semejanza de los reglamentos de la Unión Europea, se superponen a las normas internas nacionales, siendo plenamente aplicables a partir del momento de su entrada en vigor.
Inicialmente en esta entidad solo participaban los países de francófonos, pero la pertenencia de Guinea Bissau y de Guinea Ecuatorial a la OHADA ha propiciado que el portugués y el español vayan a ser declarados idiomas oficiales de la misma. Igualmente, el inglés formará parte de las cuatro lenguas oficiales, debido al bilingüismo de Camerún y de cara a futuras adhesiones de países anglófonos.
