(Santo Domingo, 28 de agosto de 2024). Para que pueda entrar en vigor la Constitución de la República tras la reforma planteada por el Poder Ejecutivo se requerirá un referéndum aprobatorio en el que el pueblo pueda votar de manera directa, fue la conclusión a la que llegó un reputado grupo de abogados constitucionalistas, reunidos en un panel organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

El encuentro, que tuvo lugar la noche del miércoles 28 de agosto y que contó con la presencia del expresidente de la República y presidente de Funglode, doctor Leonel Fernández, reunió a los juristas Leyda Piña Medrano, Eduardo Jorge Prats, Jottin Cury, Manuel Fermín y Maribel Reyes, y fue moderado por Hermógenes Acosta.

Al iniciar el panel, Acosta refirió que la Constitución de 2010 “es producto de un consenso de la sociedad dominicana, porque estuvo precedida de una amplia consulta popular”.

La jueza emérita del Tribunal Constitucional, Leyda Piña Medrano, aseguró que la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo es una reforma con falta de legitimidad, porque no tiene el consenso de los actores políticos. Explicó que, inicialmente, la reforma contemplaba 33 artículos y dos años después se propone modificar 10 artículos, lo que indica que la “reforma no está bien pensada,” lo que la convierte en inoportuna e innecesaria.

El abogado constitucionalista y exdirector de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Eduardo Jorge Prats, expresó que para que entre en vigor la constitución reformada se requiere pasar por el proceso de referéndum. Añadió que para toda reforma se necesita un triple consenso: el político, el técnico y el social.

Prats reconoció que, si bien con la mayoría del oficialismo pueden aprobar la reforma a la Constitución, ésta requiere pasar primero por el consenso político para que exista respaldo de todos los actores políticos del sistema; consenso técnico, para que la comunidad jurídica pueda debatir y estar de acuerdo; y, por último, consenso social, en el que la sociedad esté de acuerdo.

En su intervención, el juez emérito del Tribunal Constitucional, Jottin Cury, destacó que ni siquiera hay consenso entre el propio oficialismo. Manifestó que “una cosa dice el gobierno y otra cosa dicen algunos de sus legisladores. El presidente de la República no puede decir que no ha podido hacer nada porque la actual Constitución lo limita, lo que refleja lo innecesario del proyecto de reforma”.

El experto en derecho administrativo y constitucional, Manuel Fermín Cabral, enunció que: “si hay algo que se ha vendido como un gran éxito, es que se tiene un Ministerio Público independiente,” por lo que no se entiende ahora que quieran reformar la Constitución para darle la independencia que ellos mismos dicen que tiene. Subrayó que no hay ninguna razón de peso para justificar la reforma constitucional.

Maribel Reyes, quien fue asesora durante 10 años del presidente del Tribunal Constitucional, aseguró que hay una serie de leyes pendientes de aprobación, ordenadas por la Constitución de 2010, entre ellas la ley del referéndum que, a su juicio, si se quiere colocar una cláusula pétrea a la Carta Magna, la aprobación de dicha ley de referéndum constituye la verdadera cláusula pétrea, pues se fortalecen las barreras de los mecanismos de modificación.

Los panelistas coincidieron en que la unificación de las elecciones constituye un retroceso, al igual que la propuesta de reducción de diputados que limita la representación popular al plantear la eliminación de representantes electos por votos directos y el aumento de la cantidad de diputados nacionales, designados por las cúpulas de los partidos.

Sobre la motivación de modificar la Constitución para consolidar el Ministerio Público, los juristas también concordaron en precisar que la actual regulación constitucional garantiza la consolidación e independencia del Ministerio Público.

Finalmente, los especialistas explicaron que hay muchas reformas pendientes, que son las que el Poder Ejecutivo debería estar pendiente de su aprobación en el Congreso Nacional, entre ellas la reforma penal, la reforma al sistema de salud, y la reforma laboral, entre otras.