Santo Domingo, 23 de julio de 2019). A lo largo de 15 años de cambios políticos y limitaciones presupuestarias, el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario dominicano ha adaptado e integrado lecciones y ha compartido sus experiencias y herramientas con países vecinos en América Latina –que destacan en contraste con otros “modelos” populares de centros penitenciarios que enfatizan el orden, la tecnología y la evaluación y gestión de riesgos de manera altamente clínica. Es una de las conclusiones del estudio sobre la reforma penitenciaria en la República Dominicana, presentado este martes 23 en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

La investigación de Jennifer Peirce, magíster en Relaciones internacionales, desarrollada a través del programa Fellows, de la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD), también concluye en que el “Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario dominicano es un logro resaltable en la construcción e implementación de una práctica y una visión completamente nueva sobre cómo un país maneja el castigo, la rehabilitación y la implementación de políticas”.

“Este modelo pone los principios y el discurso de los derechos humanos en su centro y tiene como prioridad la disposición de recursos concretos para la educación y los servicios. A nivel institucional, el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario conceptualizó un nuevo tipo de profesional –el agente VTP– y ha entrenado a miles de personas para que asuman este rol”.

En tono más crítico plantea que de forma simultánea, “en algunas áreas, hay escasez de servicios y acceso a recursos clave. Dados los débiles mecanismos de supervisión, existe una sensación de frustración y de falta de responsabilidad cuando los oficiales o el personal cometen actos de mala conducta o abusan de su poder”.

También pone de manifiesto la falta de espacios para que los internos participen significativamente en algunos aspectos de la vida cotidiana en prisión, lo que ve como “una oportunidad perdida para una mayor colaboración y creatividad”.

El estudio la lleva a indicar, además, que las coaliciones institucionales y alianzas que dan forma al Nuevo Modelo necesitan una mayor participación y contenido de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente aquellas que trabajan directamente en los derechos humanos y las necesidades de los grupos vulnerables.

Se refiere, además, a la “nueva y atrevida” fase de la reforma penitenciaria: el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, lanzado en 2018 por la Procuraduría General de la República, el cual aborda muchos desafíos clave a los que el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario no se ha acercado. Hace referencia a la integración de los dos modelos dentro de las instituciones carcelarias y al desmantelamiento de la penitenciaría más grande del país (La Victoria), así como a la construcción de unas nuevas instalaciones, al estilo de un CCR, para reemplazarla.

Argumenta al respecto que para que este plan gane tracción en materia de derechos humanos, debería tener en cuenta algunas de las lecciones del proceso del Nuevo Modelo hasta la fecha. La implementación de estrategias transformativas y acciones catalizadoras, con las herramientas facilitadoras, que como describe su informe,” darían un contenido más robusto en materia de derechos humanos al proceso continuo de construcción de un sistema menos amplio, más humano y rehabilitador”
La actividad fue organizada por la GFDD, a través de su programa Fellows y el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE) de Funglode.

Yamile Eusebio, directora de la oficina de la GFDD en Nueva York, pronunció las palabras de bienvenida a la actividad. Josefina Reynoso, directora del CESEDE y asesora de Peirce en la investigación, presentó a la expositora y ponderó los aportes de su investigación.

En la introducción del estudio “La reforma penitenciaria en República Dominicana: Una mirada desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas”, la autora recuerda que el proceso de reforma carcelaria en la República Dominicana es el único en América Latina y en un amplio espectro internacional.

Destacó que en 2003 el Gobierno dominicano creó el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario, propiciado en alianza con varios organismos locales e internacionales. A la fecha hay 22 Centros para la Corrección y Rehabilitación (CCR).

La autora argumenta en su estudio que la Agenda 2030 de las Naciones Unidas marca una importante meta y un paso hacia adelante con el Objetivo 16 para el Desarrollo Sostenible, el cual se enfoca en el crimen y la violencia, y pide acciones para construir justicia, estado de Derecho e inclusión. “Las cárceles son frecuentemente olvidadas en esta conversación, a pesar de ser un componente central de los sistemas judiciales y un lugar de seria violencia”, afirmó.

En cuanto al contexto regional, destacó que la República Dominicana está en el rango medio de países en la región de América Latina y el Caribe en términos de tasa de encarcelamiento per cápita, con 238 personas privadas de libertad por cada 100,000 habitantes.

Enfatizó que fue debido al creciente clamor de los propios prisioneros, de sus familias, de la sociedad civil y de los medios de comunicación por las precarias condiciones penitenciarias y la extrema sobrepoblación, principal queja, que los legisladores y líderes dentro de las instituciones gubernamentales empezaron a buscar nuevos enfoques y soluciones.

Una de primeras iniciativas de lo que se convertiría en el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario fue establecer la Escuela Nacional Penitenciaria, una escuela de entrenamiento para un nuevo tipo de personal penitenciario. Se refirió además a la evolución del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario en el Sistema de Justicia Criminal.

En el marco legislativo, contenido en el estudio, se refiere al sistema penitenciario moderno de la República Dominicana que fue establecido en la Ley No. 224 sobre Régimen Penitenciario, de 1984.

En otra parte del texto resalta que la mayoría de los analistas están de acuerdo en que el uso excesivo de la prisión preventiva es un problema de práctica y no de restricciones legales. Destacó que para el 2016, de 26,829 casos con audiencias, 11,338 (el 42%) fueron prisión preventiva, 9,814 (36%) garantía económica (fianza –sin especificar quiénes pudieron pagar y quiénes no), 3,791 (14%) comparecencias periódicas y 1,836 (7%) otras medidas.

Peirce inició el estudio en 2016 con una metodología cualitativa y cuantitativa. El enfoque metodológico pone el énfasis “en las perspectivas de las personas privadas de libertad porque son las más directamente afectadas por las condiciones de los centros penitenciarios y por las reformas institucionales”.

La investigación tuvo como objetivo identificar los componentes principales y desafíos del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario dominicano y evaluar los impactos y limitaciones de éste, tomando como referencia el Objetivo 16 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

Entre otros aspectos, el estudio se enfocó en: La historia del sistema penitenciario dominicano moderno; La evolución del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario en el Sistema de Justicia Criminal; Los elementos claves de las reformas: Centros para la Corrección y Rehabilitación (CCR) y centros penitenciarios tradicionales y Experiencias de las personas privadas de libertad.

Sobre la autora

Jennifer Peirce es una especialista en desarrollo internacional, con 10 años de experiencia en organizaciones gubernamentales, multilaterales y sin ánimo de lucro, incluido el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de Canadá. Sus áreas de especialización incluyen las reformas de seguridad, sistemas penitenciarios, la prevención de la violencia comunitaria y los problemas de gobernanza posconflicto en América Latina y el Caribe.

El estudio, desarrollado a través del programa Fellows de GFDD/Funglode, entre 2017 y 2018, es parte de la investigación de Pierce para su tesis doctoral en Justicia Criminal en la John Jay College of Criminal Justice, de la City University of New York (CUNY).