SANTO DOMINGO.-  La República Dominicana, a través de su Congreso Nacional, necesita llegar a un consenso que permita la aprobación del proyecto de “ley del Agua”, que ponga fin a una legislación que data de más de 60 años, y no regula las normativas hídricas y de consumo y distribución del agua para uso doméstico, agrícola e industrial en el marco de la evolución de la República Dominicana en el siglo XXI.

El conversatorio sobre “Ley de Agua en la República Dominicana: un enfoque sobre género y gobernanza”, dio lugar a las explicaciones de la ingeniera Olga Luciano, experta y consultra en agua y desarrollo sostenible, y Arturo Socías, exsubdirector de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y del Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA).

Organizado por el Centro de Estudios de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Funglode; el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL) y la Cátedra UNESCO de Agua para el Desarrollo Ecológicamente Sostenible, el conversatorio fue moderado por Ernesto Reyna, director del citado centro de estudios.

Ambos abogaron por la aprobación de una ley que garantice en todas sus partes las ordenanzas de la Constitución de la República Dominicana y tome en cuenta los cambios que registra la sociedad dominicana, gracias a su movilidad social, así como los controles que demandan las fuentes hídricas para cumplir con el desarrollo sostenible.

Luciano destacó que sobre la ley de agua y el tema de género hay una discusión nacional actualmente, lo cual consideró muy positivo, desde el punto de vista de que era necesario que la sociedad se involucrara en la discusión de la ley con esa mirada.

Es esencial, resaltó, que establezcamos por qué es necesaria una nueva ley de agua en la República Dominicana, tomando en cuenta que la vigente, que norma el dominio de las aguas terrestres y distribución de las aguas públicas, fue aprobada en el año 1962.

Esa legislación, indicó, se corresponde con normativas para una sociedad que era básicamente rural, cuando, tomando en cuenta los parámetros del censo nacional de 1960, el país contaba con una población de 3.5 millones de habitantes, de los cuales el 69.7 % vivía en la zona rural.

Puso de relieve que según las proyecciones de 2022, con las estimaciones de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, la población actual dominicana ronda los 11.2 millones de habitantes, con el 83% residente en las zonas urbanas.

“Es una sociedad que ha cambiado en esos años y en correspondencia con eso cambió la estructura de producción del país”, afirmó. Y precisó que a pesar de los cambios, la agricultura sigue siendo el principal usuario del agua. Se estima -agregó- que entre el 70 y 80%  lo consume el sector agropecuario, conforme con las últimas mediciones que se tienen, las cuales citó con la salvedad de indicar que no son tan recientes, y corresponden al Plan Hidrológico Nacional publicado del 2012.

Que se actualice la legislación de agua conforme a los cambios que han ocurrido en la sociedad dominicana en ese lapso de 60 años fue su planteamiento principal, con el agregado de que para ello es necesario también regular el uso del dominio público hidráulico, por parte de los distintos usuarios.

Eso debe hacerse tomando como base el principio constitucional, resaltó, recordando que el uso para consumo humano tiene precedencia sobre todos los demás usos del agua.

Abogó, igualmente, por una gobernanza para la gestión integral que asuma el hecho de que el agua es un recurso finito y vulnerable; esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente y que básicamente eso está recogido en el artículo 15 de nuestra Constitución.

Compartió varias definiciones de gobernanza del agua, entre ellas la que define uso en el rango de sistemas políticos sociales económicos y administrativos que se implementan para el manejo de los recursos hídricos.

Hay tres principios claves de la gobernanza que son la equidad y la no discriminación, y el de la participación y la transparencia en la toma de decisiones, agregó en otra parte de su intervención.

Sobre el anteproyecto de ley, alertó que la palabra género no aparece en ese documento, a pesar de que la política nacional de desarrollo establece una transversalidad que obliga a que en todas las iniciativas de políticas públicas vitales de proyectos se incorpore el enfoque de equidad de género.

Tomando como referencia foros internacionales, manifestó que los principios de participación de equidad de género están muy enfocados en garantizar que se tomen en cuenta las necesidades de las mujeres en aquellos países menos favorecidos y donde el acceso al agua es todavía muy limitado.

Cuando no hay acceso regular a el agua, recae sobre las mujeres el peso de buscarla, aunque también en muchos casos esa carga la llevan niñas y niños, dijo, para indicar que el tema no fuera tan relevante, si se tiene acceso universal a ella.

Es el caso de países desarrollados, como los de Europa, que tienen acceso al agua en las viviendas desde hace siglos y el tema no arroja grandes diferencias, en términos de género.

Del anteproyecto de ley de agua, consideró, igualmente, que el tema de la participación no está bien abordado, que no se garantiza la gobernanza sobre todo en la composición de los mecanismos que está creando la normativa, entre otras críticas.

Por su lado, Arturo Socías se refirió al agua como un recurso natural renovable y finito, la cual, a la vez que debemos preservar, debemos administrar mediante políticas públicas muy rigurosas que permitan la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad.

Lamentó que no se haya logrado la aprobación de una legislación moderna, a pesar de que durante varios gobiernos se han sometido proyectos que no han prosperado.

Hay que lograr consensos, sostuvo, sobre planes de reforestación y manejo de los bosques, pensando siempre que el agua juega el rol indispensable para la sobrevivencia, tanto para el ser humano como para la flora y la fauna.

Agregó que es un recurso que también debemos administrar con un enfoque económico, mediante el cual se proveen los objetivos de desarrollo sostenible y la maximización del bienestar social y económico, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas.

En lo que concerniente a la administración de recurso agua, desde el punto de vista económico debe establecerse un estado multinivel, insistió el especialista, advirtiendo que siempre que hay que tener en cuenta que el agua es un derecho universal de consumo y, por ende, el Estado debe comprometerse a la creación de una gestión administrativa -que incluya tarifas y precios- en los sistemas que implican el riego de siembras y la generación de energía.

Afirmó que todos los proyectos de ley que se han depositado en el Congreso en diferentes direcciones de gobierno han tenido la problemática de no poder identificar cuál sería de la institución rectora.

Coincidió con Luciano en el hecho de que el proyecto de ley, sobre el cual está todavía se están produciendo contenidos y fue sometido por el Poder Ejecutivo el pasado mes de febrero, debe incluir normativas necesarias para atender los requerimientos de la sociedad y sistemas productivos en la actualidad.

Destacó la inclusión de la creación de la Autoridad Nacional del Agua, con sus oficinas satélites, que fungirían como administraciones satelitales de las cuencas.

También concordó con Luciano en que las cuencas no todas son iguales, hay pequeñas, medianas y grandes. Dijo que ahora se está estudiando la forma de abordar los casos de manera particular. Un ejemplo que aportó fue el de Valle Nuevo y toda la Cordillera Central, desde dónde se desprenden casi todas las aguas que dan vida a la República Dominicana.

Con la nueva entidad, que estaría adscrita al Ministerio de Medio Ambiente, el INDRHI se encargaría de todo el sistema de riego, con oficinas satélite territoriales donde deberán participar instituciones como las ONG, la sociedad civil, cuerpos técnicos ,y personal relacionado con el tema de agua.

Asi se podría -diríamos- aplicar políticas por territorio para lo que tendría que ver con la aplicación de cobranza del servicio del agua, manifestó.

Es necesario aplicar una política de cobranza para revertir esos tributos en mejoría de los sistemas. degeneración y preparación de agua potable y sistema de riego y construcciones de prensa, para la generación de energía y la conversación adecuada de las cuencas, insistió.

Se refirió, también al tema del género y la importancia de visibilizarlo en las normativas. Manifestó, como Lucioano, que se parte del hecho de que la mujer tiene una gran importancia en cuanto al almacenamiento, racionamiento y otros aspectos que tienen que ver con un mejor manejo de esos recursos para poder mantener una política de consumo conveniente.

De los expositores 

Olga Luciano López, quien es Ingeniera Civil, egresada de la UASD, con posgrados en Planificación y Política Económica y en Desarrollo Hidroeléctrico en la Universidad Tecnológica de Noruega. Ha laborado como consultora sobre Agua y Desarrollo Sostenible para diversos organismos internacionales como el BID, la Unión Europea, Ordenador de los Fondos Europeos, banco Mundial, entre otros. Asimismo, ha sido funcionaria pública, siendo su primera Directora de Planificación y Desarrollo en el Ministerio de Medio Ambiente Y recursos Naturales.

Actualmente es consultora independiente para procesos de planificación estratégica por resultados y para la facilitación de procesos de dialogo de políticas y de formulación de planes y Proyectos para  la gestión ambiental y la adaptación /mitigación del Cambio Climático, la gestión  integrada del agua y la incorporación de la equidad de género en las políticas de desarrollo sostenible. En el ámbito de la gestión integrada de los recursos hidráulicos destacan los trabajos siguientes:

Participación en los procesos de preparación de las leyes de aguas del País. Responsable de la formulación de Tercer Plan Nacional de Equidad e igualdad de género sobre medio ambiente, cambio climático y gestión de riesgos, entre otras actividades.

Arturo Socías, ingeniero civil mención hidráulica, de la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, Rusia, con maestrías en estructuras hidráulicas y ciencia políticas para el desarrollo.

El Ingeniero Socias tiene una vasta experiencia en el manejo del Agua, ha ocupado diferentes posiciones en la administración pública dentro del sector Agua, entre estas están; se ha desempeñado como Subdirector de la (CAASD), sub director de la cooperación Dominicana de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, subdirector de Instituto Nacional de Agua Potable  y Alcantarillado (INAPA) y viceministro de obras públicas.

Tiene una amplia experiencia en los procesos relacionados con la administración y distribución de las aguas en la República Dominicana.

Reconocimiento a Frank Rodríguez, EPD

En la introducción del conversatorio, Reyna rindió tributo a al ingeniero Frank Rodríguez, quien dirigió la Cátedra en el IGLOBAL desde el 2011 hasta junio del 2022.

Recordó que la misión de la Cátedra es promover la participación armoniosa de hombres y mujeres para una mejor gestión de los recursos hídricos. Por eso -subrayó- la Cátedra, busca favorecer el desarrollo de marcos institucionales estratégicos y políticos, así como impulsar investigaciones en los ámbitos del agua.

También apuntó que fue en 2014 que el IGLOBAL firmó un convenio de cooperación la Unesco, Funglode y el INDRHI, junto a centro de estudios que dirige para crear conciencia sobre el recurso agua, con énfasis en el rol de las mujeres en su obtención para garantizar la calidad de vida de las familias.