El Observatorio Judicial Dominicano (OJD) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) anunció su incorporación a la Red Latinoamericana y del Caribe para Democratización de la Justicia, iniciativa creada en la década de los noventa con el objetivo de aunar esfuerzos de las entidades de distintos países para impulsar la mejora progresiva de los sistemas de justicia. La Red es una iniciativa del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional del sistema interamericano creado en 1999 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), este último fundado en 1989. Ambas entidades son referentes de la cooperación para el fortalecimiento de los sistemas de justicia y el estudio de sus reformas, contribuyendo a la consolidación del Estado de derecho en los países de América Latina y el Caribe. Para Harold Modesto, director del OJD-Funglode, este es un paso de gran importancia dirigido a establecer vínculos entre el Observatorio y las distintas organizaciones que integran la Red en más de 14 países, priorizando una serie de objetivos para contribuir a la reforma y a la democratización de la justicia penal y civil. “Desde el OJD-Funglode consideramos que la Red responde a la necesidad de facilitar la comprensión de muchos problemas que enfrentan los sistemas judiciales de AL y del Caribe. Se trata de generar el espacio idóneo para encontrar respuestas más allá de nuestra proximidad inmediata. Somos conscientes del aprendizaje y la riqueza que se extrae de la coincidencia y el diálogo sobre las experiencias y múltiples modos de observar y analizar la realidad”, resaltó. Entre las entidades que integran la Red se encuentran: la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia de Argentina, la Universidad Federal de Río de Janeiro, el Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de Chile, la Corporación Excelencia en la Justicia de Colombia, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos de Cuba, la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, el Centro de Investigación para el Desarrollo de México, el Instituto de Ciencia Procesal Penal del Perú, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho de El Salvador, entre otras.