El Observatorio Judicial Dominicano participó en el III Congreso E-Justicia Latinoamérica: “humanos, máquinas y derecho”

(Santo Domingo).- El Observatorio Judicial Dominicano (OJD), una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), participó en el III Congreso Interactivo Virtual E-Justicia Latinoamérica: “humanos, máquinas y derecho”, organizado por E-Justicia Latinoamérica y la Maestría en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Justicia de la Universidad de Lanús, Argentina, los días 22 y 23 de noviembre de 2018. El Congreso reunió a funcionarios judiciales, académicos y expertos en tecnología aplicada al sector justicia de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México, Perú y la República Dominicana, quienes abordaron diferentes temáticas relativas a la tecnología aplicada a los procesos judiciales en sus distintos países, retos y oportunidades para impactar en la administración de justicia a través del uso de las TIC. En el evento, el OJD estuvo representado por su director, Harold Modesto, quien llevó a cabo la ponencia: “Justicia penal y tecnología: la experiencia dominicana en la implementación de los localizadores electrónicos como medidas de coerción”. Para Modesto, en la República Dominicana se han dado pasos importantes para generar normas que permiten implementar la tecnología en diversos segmentos de la administración de justicia; sin embargo, por la experiencia de los localizadores electrónicos es necesario que los actores del sistema comprendan cuáles pueden ser esas ventajas. “Tardó once años de aplicación del Código Procesal Penal para que se impusiera el primer localizador electrónico, tres años más tarde todavía los representantes del Ministerio Público y los jueces no se encuentran lo suficientemente sensibilizados respecto a los problemas de sobrepoblación y hacinamiento penitenciarios”, expresó. El también docente de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), consideró que las tecnologías pueden ayudar significativamente a cambiar múltiples aspectos de la realidad penitenciaria, entre ellos lo que tiene que ver con los gastos en el traslado de los internos, las notificaciones y, sobre todo, las medidas de coerción. “Debe producirse un mayor uso de los localizadores electrónicos, porque indiscutiblemente aumentan el nivel de eficacia de otras medidas de coerción como el impedimento de salida, el arresto domiciliario y la presentación periódica, y para reducir el uso indiscriminado de la prisión preventiva que es la principal causa de la sobrepoblación y el hacinamiento en el sistema penitenciario”, sostuvo. El Congreso E-Justicia Latinoamérica se celebra cada año con el auspicio de la Universidad de Lanús, Argentina. En la II edición del Congreso el tema central fue “Inteligencia artificial y justicia”.

(Santo Domingo).- El Observatorio Judicial Dominicano (OJD), una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), participó en el III Congreso Interactivo Virtual E-Justicia Latinoamérica: “humanos, máquinas y derecho”, organizado por E-Justicia Latinoamérica y la Maestría en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Justicia de la Universidad de Lanús, Argentina, los días 22 y 23 de noviembre de 2018.

El Congreso reunió a funcionarios judiciales, académicos y expertos en tecnología aplicada al sector justicia de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México, Perú y la República Dominicana, quienes abordaron diferentes temáticas relativas a la tecnología aplicada a los procesos judiciales en sus distintos países, retos y oportunidades para impactar en la administración de justicia a través del uso de las TIC.

En el evento, el OJD estuvo representado por su director, Harold Modesto, quien llevó a cabo la ponencia: “Justicia penal y tecnología: la experiencia dominicana en la implementación de los localizadores electrónicos como medidas de coerción”.

Para Modesto, en la República Dominicana se han dado pasos importantes para generar normas que permiten implementar la tecnología en diversos segmentos de la administración de justicia; sin embargo, por la experiencia de los localizadores electrónicos es necesario que los actores del sistema comprendan cuáles pueden ser esas ventajas.

“Tardó once años de aplicación del Código Procesal Penal para que se impusiera el primer localizador electrónico, tres años más tarde todavía los representantes del Ministerio Público y los jueces no se encuentran lo suficientemente sensibilizados respecto a los problemas de sobrepoblación y hacinamiento penitenciarios”, expresó.

El también docente de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), consideró que las tecnologías pueden ayudar significativamente a cambiar múltiples aspectos de la realidad penitenciaria, entre ellos lo que tiene que ver con los gastos en el traslado de los internos, las notificaciones y, sobre todo, las medidas de coerción.

“Debe producirse un mayor uso de los localizadores electrónicos, porque indiscutiblemente aumentan el nivel de eficacia de otras medidas de coerción como el impedimento de salida, el arresto domiciliario y la presentación periódica, y para reducir el uso indiscriminado de la prisión preventiva que es la principal causa de la sobrepoblación y el hacinamiento en el sistema penitenciario”, sostuvo.

El Congreso E-Justicia Latinoamérica se celebra cada año con el auspicio de la Universidad de Lanús, Argentina. En la II edición del Congreso el tema central fue “Inteligencia artificial y justicia”.

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