(Santo Domingo, 26 de noviembre de 2014). El anteproyecto de ley de paternidad responsable, depositado en octubre de este año ante el Senado de la República, fue tema de un conversatorio este miércoles 26 en la Biblioteca Juan Bosch, en el que se abordaron los aspectos legales, procesales y sicológicos que abarca el texto.
En la actividad, organizada por el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), participaron José Manuel Hernández, magistrado del Tribunal Superior Electoral; Luís Vergés, director del Centro de Intervención Conductual de la Fiscalía del Distrito Nacional, y Bernabé Moricete, juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento de La Vega.
El magistrado Hernández se refirió al fundamento legal del anteproyecto de ley, motivaciones, experiencia internacional, enunciación de aspectos procesales y fundamentales.
Dijo que esta iniciativa es parte de una corriente legislativa en América Latina que se ha establecido con variaciones en distintos países.
Hernández precisó que el proyecto busca que no haya más niños “huérfanos de padres vivos”, y también evitar que la madre tenga que acudir a diferentes tribunales y que así se diluyan los procesos.
Manifestó que, en el país, 88 de cada 100 niños son hijos de madres solteras y que “el derecho a identificar el padre es un derecho fundamental y constitucional, recogido de manera expresa en la Constitución de 2010”.
El magistrado agregó que el anteproyecto está a la espera de aprobación y los gestores están abiertos a debates públicos en los que participen distintas instituciones a favor de la niñez.
De su lado, el director del Centro de Intervención Conductual de la Fiscalía del Distrito Nacional habló sobre los daños sicológicos que pueden sufrir los niños por el no reconocimiento del lado paterno. Indicó que hay que ver “desde el concepto de identidad cómo afecta a un niño crecer sin saber quién es su padre”.
Vergés explicó que a través de los años se ha discriminado a los hijos “bastardos” y se ha creado “una historia infame, cruel, despectiva y muy triste que tenemos que empezar a cambiar”.
Dijo que los estudios se han enfocado en los daños morales que vienen de las familias monoparentales. Añadió que hay “una subjetividad a nivel moral que se alimenta de una percepción de rechazo”.
Entre las consecuencias de esto, citó la confusión de roles sociales, la deserción escolar, los sentimientos de alienación y la conducta delictiva.
También señaló entre los daños a nivel personal: bajos niveles de adaptación y rendimiento escolar, ser objeto de más maltrato físico y desarrollo de conductas para llamar la atención.
El juez presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento de La Vega hizo varias observaciones al anteproyecto, desde el punto de vista procesal.
Explicó que antes había un plazo perentorio, de 5 años, en el que la madre debía demandar el reconocimiento de paternidad de su hijo. Pero a partir del año 2003, con la Ley 163, ahora ese plazo se extiende hasta la mayoría de edad del hijo, pasa a éste y no prescribe nunca.
Puntualizó que el Estado no debe dejar el tema de determinar la filiación solo en manos de la madre.
Las palabras de bienvenida al encuentro estuvieron a cargo de Josefina Reynoso, directora del CESEDE.
