Análisis del OJD-Funglode revela nueva ley de alquileres debe ir acompañada de políticas públicas que garanticen su eficacia

Santo Domingo, 2 de julio de 2021. Un análisis publicado por el Observatorio Judicial Dominicano (OJD) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), advirtió que las políticas de vivienda han presentado problemas de singularidad, en lo que tiene que ver con su concepción general, dado que no siempre puede identificarse una trazabilidad integral.

Las autoras sostienen que “En materia de vivienda de interés social, las políticas públicas se concentran únicamente en programas de viviendas nuevas en propiedad. Una situación que obstaculiza que el arrendamiento pueda entenderse como un medio seguro de acceso a la vivienda, más accesible que la compra, o incluso como un verdadero instrumento alternativo para el acceso a la vivienda digna y adecuada”.

El texto titulado “Ley de Alquileres y Desahucios: Propuestas Legales para un Parque de Vivienda en Equilibrio”, autoría de Denisse Hartling y Maridalia Rodríguez, coordinadora de investigación y proyectos del OJD-Funglode e investigadora de la Universidad Rovira i Virgili respectivamente, señala que la necesidad  de  disponer  de  políticas de vivienda progresivas e integra-das, que motiven un mercado equilibrado y contemplen la vivienda en alquiler como una  opción  de  vivienda  eficiente, además, propone posibles  medidas  de  formalización e innovación del mercado de arrendamiento con el objetivo de contribuir a la reducción del alto déficit habitacional que afecta a la República Dominicana.

En cuanto a la reforma de la Ley de alquileres, Hartling y Rodríguez entienden que el eje central es la necesidad de erradicar el trato más favorecido para el sujeto considerado más débil en la relación contractual.

“De continuar con la aplicación de normas que puedan considerarse desproporcionales entre arrendadores y arrendatarios, seguiremos dando vueltas en círculo y sin aprovechar los beneficios del arrendamiento. Por ello, defendemos una regulación que, sin ir en detrimento de los arrendatarios, garantice a los arrendadores la protección de sus derechos, la aplicación de medios expeditos de reposesión y una mayor colaboración pública, para que estos puedan sentirse seguros al momento de invertir en vivienda de alquiler”, destaca el documento.

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