La necesidad de un ordenamiento del territorio

Por Ernesto Reyna*

En la República Dominicana ha existido históricamente un gran desorden en la ocupación de los espacios, en la zona rural y, en mayor medida, en la urbana. Hay muchos y variados ejemplos, que demuestran la necesidad inminente de un orden en el uso del territorio. Con la formulación y ejecución del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y de los planes regionales, el país contará con una herramienta valiosa para el desarrollo nacional y el fortalecimiento institucional de los municipios y con un marco legal y organizativo, así como con una garantía para la inversión extranjera.

Hay muchas muestras de este desorden. Los problemas ocasionados por la construcción de viviendas en las cañadas y zonas bajas de inundación son una. Esta situación es de gran preocupación para la Comisión Nacional de Emergencia, principalmente en la temporada ciclónica por la situación en los barrios marginados ubicados en Santo Domingo, Santiago y otras poblaciones. La reciente catástrofe de Jimaní es el mejor indicativo de la necesidad nacional de un ordenamiento territorial.

También en algunas áreas de riego, como es el caso de las zonas arroceras de la provincia de Valverde, en Mao, el agua disponible para ese cultivo es insuficiente; sin embargo, se continúa esta práctica, con altos costos y bajos rendimientos en la producción. Una situación similar se produce en algunas zonas agrícolas con otros cultivos, que no serían competitivos bajo un sistema de libre comercio y cuya importación sería más barata. Por otra parte, generalmente se presentan conflictos en la prioridad para la utilización del recurso agua por parte de los sectores de agua potable, riego y energía.

Un caso particular lo constituyen las plantaciones forestales en tierra de vocación agrícola, por ejemplo, en las cercanías de Cevicos y otras zonas, con una subutilización del suelo. Un caso inverso se presenta en regiones con vocación forestal cuyos agricultores producen cultivos de ciclo corto y siembras de pastos para ganado.

Los terrenos agrícolas están sometidos a una presión constante por las urbanizaciones en tierra de alto potencial agrícola. A esto se une la presión natural ejercida por el crecimiento y desarrollo del país y las necesidades habitacionales. La construcción de viviendas verticales ha generado también conflictos en Santo Domingo, Santiago y otras ciudades, principalmente en zonas residenciales establecidas inicialmente con construcciones horizontales.

También, infraestructuras como el megapuerto y el depósito de combustible de Boca Chica han afectado los recursos costeros y las playas. O el aeropuerto La Isabela, ubicado en un lugar inadecuado, próximo a un vertedero de desechos sólidos, así como el Aeropuerto de Santiago, construido en Licey al Medio en suelos de alto potencial agrícola, afectando los recursos naturales y al medio ambiente de esas regiones.

Otro ejemplo más es el de las infraestructuras de generación eléctrica ubicadas en algunas zonas, como el caso de Puerto Plata, donde una planta produjo el cierre total de un hotel y afectó ambientalmente la zona, las áreas urbanas y otras infraestructuras turísticas de la región. Casos similares se presentan comúnmente en algunas zonas industriales ubicadas cerca de los centros urbanos habitacionales.

Se puede mencionar, por otro lado, la explotación minera sin controles ambientales, como sucede en la Rosario Dominicana, problema que ha afectado a residentes e impactado además los recursos naturales de Cotuí y zonas aledañas.

Un caso reciente es el conflicto generado entre potenciales inversionistas, ambientalistas nacionales y extranjeros e instituciones protectoras del ambiente, por el desarrollo turístico en zonas clasificadas como parques nacionales, que ha tenido incluso una gran repercusión internacional.

Así mismo, los problemas fronterizos con Haití relacionados con la inmigración ilegal, el contrabando de mercancías, armas y narcotráfico traen como consecuencia la necesidad de definir los espacios de seguridad y vigilancia en estas áreas, así como en otras zonas estratégicas.

Antecedentes

En la República Dominicana hay muchos antecedentes que recogen trabajos relacionados con el ordenamiento territorial: SEA, 1970-1990 y 2003, AID, BID, BANDES de Venezuela y Fondos Nacionales (diferentes Estudios de Zonificación, Estudios de Suelos y Cuencas Hidrográficas); DGF, 1984 Proyecto Marena-AID (Ordenamiento Forestal); INDRHI, 1994-OEA (Ordenamiento de los Recursos Hídricos); Secretaria de Estado de Turismo-BID 1985 (Propuesta Lineamientos Generales); STP 2001, BID (Propuesta Metodológica Planes de Acción Territorial y para Prevención de Desastres); CONAU, 2002 (Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Urbano); SEMARN, 2003 (Propuesta Áreas Protegidas, actualmente en el Congreso Nacional); Dirección General de Minería, 2002-2004 (Lineamientos generales de Ordenamiento Minero, en elaboración); SEMARN/STP, 2002-2004 ( Formación Comisión Ordenamiento Territorial, Ley 64); Asociación para el Desarrollo de Santiago, 2003 (incluye el Ordenamiento Territorial como parte del Plan Estratégico de Santiago).

Las instituciones involucradas son la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARN); Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI); Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN); Dirección General de Minería (DGM); Instituto Cartográfico Militar (ICM); Instituto Geográfico Universitario (IGU); Instituto Sismológico Universitario (ISU); Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU), y Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), así como instituciones del sector privado y la sociedad civil.

Alcance de la Ley

El ordenamiento del territorio es el proceso mediante el cual se orienta la regulación de la ocupación y utilización del territorio y se dispone cómo mejorar la ubicación en el espacio geográfico de los asentamientos (población y vivienda), la infraestructura física (vías de comunicación, servicios públicos, construcciones) y la optimización y explotación del ambiente y los recursos naturales. Además, con este instrumento se pretende lograr una mayor armonía en las actividades económicas y sociales que repercuta en el bienestar de la población y su desarrollo integral.

El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (de acuerdo a la Ley 64-00 del 18 de agosto de 2000, artículos 27, 30,31, 32 y 120) declara de alto interés nacional el diseño, formulación y ejecución del Plan Nacional y fija acciones para su conclusión el 18 de agosto de 2003, con ningún resultado hasta la fecha. También designa al Secretariado Técnico de la Presidencia en coordinación con la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales responsables de ese mandato, ya que el Plan de Ordenamiento sirve de marco de referencia especial a los planes desarrollo y está sujeto a las normas del Sistema Nacional de Planificación.

Además, incluye el ordenamiento territorial como una dinámica del desarrollo del país, y un instrumento de gestión del medio ambiente y la aplicación de reglas y parámetros de los suelos en la zonificación y ordenamiento territorial a nivel nacional, provincial y municipales o planes urbanísticos. También define las autoridades, instancias de decisión y participación, contenidos básicos y procedimientos para alcanzar la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial.

Como es lógico, debe elaborarse la ley sectorial u orgánica para el ordenamiento del territorio que haga viable la aplicación del plan nacional, provincial y municipal con un marco jurídico y de organización institucional, como una garantía de su aplicación.

Esto implica un proceso que se lleve a cabo con redes de alta tecnología y efectiva coordinación interinstitucional, multidisciplinaria y de consulta pública efectiva a todos los niveles (para esta consulta el Diálogo Nacional podría ser una experiencia valiosa).

Contenido del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial

ATRIBUTOS

• Holístico e integral
• Sistémico
• Democrático
• Flexible
  

Proyecciones

Un trabajo de ordenación del territorio influirá en los siguientes aspectos:

•  Mejores usos de los espacios del país

•  Criterios de orientación de los procesos de urbanización e industrialización y desconcentración económica

•  Mejor distribución de riquezas en regiones de menores ingresos y superación del desequilibrio socioeconómico entre Santo Domingo, Santiago y el resto del país

•  Mejoramiento del proceso urbano, que permita controlar el flujo migratorio

•  Desarrollo agrícola y protección del ambiente y los recursos naturales.

•  Mayor participación e iniciativa pública y privada, regional y provincial.

Con la formulación y ejecución del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y los planes regionales se contará con una herramienta valiosa para el desarrollo nacional y el fortalecimiento institucional de los municipios y con un marco legal y organizativo, así como con una garantía para la inversión extranjera.

Con este mecanismo, la República Dominicana se encaminará hacia una visión de futuro ante la globalización, a la vez que se preparará para enfrentar la competencia internacional que se ha desarrollado por efecto de los tratados de libre comercio.

*El autor es ingeniero, especialista en Hidrología con postgrados en España, Brasil y Venezuela, además de experiencia en el área de suelos y aguas, foresta y manejo de cuencas hidrográficas.

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