Políticas Sociales: Equidad y Ciudadanía

Por Marcos Villamán*

Las políticas sociales están en el tapete. Los organismos internacionales, que en años recientes auparon las políticas de ajuste económico, están de vuelta e insisten en la necesidad de políticas sociales como factores de compensación y hasta de construcción de equidad también social. Estas políticas son, efectivamente, una de las maneras en que la sociedad actúa sobre sí misma, desde fuera del ámbito económico y su lógica, para crear sociabilidad, para construir sociedad, para hacer posible la vida humana en la polis .

Los organismos internacionales han hecho conciencia de que, como bien comenta Garretón, “el modelo de crecimiento económico a nivel mundial y nacional es hoy contradictorio intrínsecamente con la integración de la sociedad, lo que obliga a su regulación, intervención ‘desde fuera', es decir, desde la sociedad y la política” (Garretón, Manuel 2000).

Las políticas sociales constituyen un elemento fundamental para la redistribución del ingreso y la generación de oportunidades, y en este sentido, para la construcción de la equidad, la inclusión y la cohesión social. Esta acción de la sociedad, por la vía del gobierno del Estado, para la creación y reproducción de las condiciones de vida de amplios sectores de la población es una respuesta a un derecho humano y ciudadano, y su concreción, una consecuencia de la solidaridad social. Todo ser humano nacido tiene derecho a continuar viviendo dignamente, y la sociedad está “moralmente obligada” a asegurarle los elementos esenciales mínimos para esto.

Si revisamos la historia reciente de los gobiernos de nuestro país podremos constatar que ha habido una buena cantidad de acciones sociales, pero sin políticas que les otorgaran sentido y las convirtieran en parte de un plan, de un proyecto de Estado y sociedad. En estas condiciones, eran y son acciones dispersas, realizadas sin mayor eficacia desde el punto de vista de la superación de la indigencia y la pobreza. Vista esta realidad, se impone, entonces, la formulación de políticas de mediano alcance que orienten la acción del Gobierno, con recursos precarios, y permita la articulación de la sociedad civil y sus recursos, siempre con la participación de los sectores hoy llamados “beneficiarios”.

Se trata de políticas que dejen clara la responsabilidad que el Estado asume ante diferentes aspectos como la indigencia o la pobreza o sectores como las capas medias. Una responsabilidad que deberá ser diferenciada en función de las posibilidades de autogestión de cada sector. Sólo de esta manera las acciones pueden constituir un plan, es decir, orientarse en una determinada dirección, y producirse así un amplio proceso de “convergencia social e institucional” que, por demás, constituye una de las más eficaces maneras de producir la gobernabilidad democrática.

La participación ciudadana debe pues constituir seriamente un eje transversal de estas políticas. Esto así porque, como ya ha sido ganado en la reflexión de la región, “no parece razonable seguir construyendo sociedades que estén sustentadas sólo en la acción gubernamental y en el papel del mercado. Ninguno de estos dos actores actúa realmente con la visión del interés social, ya que uno tiende a mantenerse en el poder a cualquier precio, y el otro se guía por los beneficios económicos…Sin embargo, toda sociedad necesita de gobierno y necesita de mercado, entonces ¿qué salida queda? La alternativa es concebir una sociedad que gire alrededor de la corresponsabilidad ciudadana, independientemente de la función o actividad específica que realice cada uno de los miembros de la comunidad” (Arredondo Ramírez, Vicente, 2000, pp. 15-16).

Consensos

Los consensos con respecto a las anteriores ideas existen desde hace ya un buen tiempo en la sociedad dominicana. De alguna manera, una buena parte de los sectores sociales asume el discurso de la prioridad de la educación para el desarrollo del país; de la necesaria e inevitable inversión en la salud para asegurar la vida de la población; del derecho a la seguridad social; de la necesidad de asegurar el acceso al agua potable, a la vivienda y a un entorno saludable; de la conveniencia de desarrollar políticas creativas de empleo para asegurar el derecho al mismo; de la participación de la sociedad civil en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas, como una de las formas de asegurar una “asistencia sin asistencialismo ” y ayudar a evitar el clientelismo, entre otras cosas.

Estos consensos del discurso deben ser capaces de expresarse prácticamente. En este sentido, las políticas sociales deben ser hoy una prioridad ética y política de la sociedad y de cualquier ejercicio gubernamental consecuente. Ello así, sin obviar las restricciones que la propia crisis impone también a los aspectos sociales. Este paso a la práctica significa, entre otras cosas, la necesidad de orientar el gasto en la dirección indicada, asegurándose, además, de que lo asignado se ejecute y se ejecute bien. El crecimiento del gasto social es una necesidad impostergable, si de lo que se trata es de una política orientada de forma realista hacia la equidad y la construcción de la llamada “ciudadanía social” que aparece hoy, en opinión del PNUD, como uno de los principales déficits de las democracias vigentes en los países de la región.

Según reflexiona Francisco Zapata, “la ciudadanía social se refiere a la posibilidad de vivir una vida digna y civilizada, posibilidad que se origina en una distribución de un ingreso equitativa. La ciudadanía social es resultado de la instrumentación de la igualdad de oportunidades, la que, a su vez, resulta de un sistema de educación y de mercados de trabajos que permitan la movilidad social ascendente” (Zapata, Francisco, 2000, p.310).

Para que una sociedad pueda concretar lo anterior, al decir de J. Nun, “Se vuelve necesario poner en el primer lugar de la agenda pública la garantía y la generalización de los derechos civiles, políticos y sociales del conjunto de los ciudadanos, sin lo cual no hay sujetos autónomos, ni contratos o pactos sociales que puedan considerarse válidos, y mucho menos, una democracia representativa de bases sólidas que se haga acreedora a su nombre” (Nun, José, 2002, p. 160).

La necesidad de superar la dispersión del sector social que provoca duplicidad, solapamiento y consecuentemente, ineficacia e ineficiencia, es una demanda que tienen cada vez más sectores sociales que observan la irracionalidad de una estructuración del sector que propicia el dispendio y el empleísmo . En consecuencia, parece imponerse la necesidad de iniciar el camino hacia una reforma urgente del sector social que elimine instituciones ineficaces y reubique, en una o dos entidades de las ya existentes, las funciones que antes se ejecutaban precariamente. Para algunos, este proceso debería devenir, probablemente en el mediano plazo, en la creación de un instituto o una secretaría de lo social. Pero, esto sería tema para otra ocasión.

Universalidad y focalización

Uno de los aspectos relevantes de las políticas sociales es su articulación en torno a planes específicos de combate o reducción de la pobreza, en coordinación con las metas del Milenio de las Naciones Unidas. La eficacia de estas denominadas Estrategias de Reducción de Pobreza (ERP) está relacionada, entre otras cosas, con una adecuada combinación de las acciones de carácter universal, dirigidas a la población en general, y la focalización que constituye una forma de discriminación positiva a favor de la pobreza y la indigencia o pobreza extrema. La eficacia de las segundas está en relación directa con la cobertura y calidad de las primeras.

La focalización es una acción orientada a hacer posible una atención a los y las más vulnerables, sin embargo, este tipo de políticas, como bien señala Garretón, “no debieran opacar la necesidad de una reforma integral del Estado en este campo, dirigida básicamente a recuperar su legitimidad en políticas redistributivas de carácter estructural…Estamos, en síntesis, frente al agotamiento de modelos que puedan enfrentar el problema de la igualdad. Para ponerlo en términos radicales, ningún modelo ni política serán efectivos en esta materia, si además de discriminaciones positivas, medidas asistenciales y políticas focalizadas, no hay una redistribución estructural”, (Garretón, Manuel, 2000 pp. 113-114).

*El autor es sociólogo y teólogo, director de Planeamiento de INTEC y miembro del Centro de Estudios Sociales de Funglode .

BIBLIOGRAFÍA FUNGLODE

Sociología del desarrollo, políticas sociales y democracia , Rolando Franco coord. México, Siglo Veintiuno, 2001.

Políticas y Problemas Sociales en la Sociedad Neoliberal. La Otra Década Infame , Estela Grassi. Buenos Aires, Espacio Editorial, 2003.

Ideas políticas y sociales en América Latina del siglo XX . Instituto del Servicio Exterior de la Nación, 2001.

Pobreza, desigualdad social y ciudadanía: Los límites de las políticas sociales en América Latina, Alicia Ziccardi. Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2002.

Equidad, desarrollo y ciudadanía . Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2003.

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