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Gobernabilidad , democracia y política
Por Laura Faxas*
Los procesos políticos recientes en América Latina (Ecuador, Venezuela, Argentina, Bolivia, Haití), que han estado marcados por estrategias de deslegitimación de figuras presidenciales elegidas por las urnas a través de movimientos de masas o bajo “la presión de la calle”, han puesto en el centro de la discusión socio-política del continente dos grandes temas. Por un lado, la cuestión del futuro y de la posibilidad misma de la democracia en la región, y, por el otro, el asunto de la gobernabilidad.
En este planteamiento, se deja de lado lo que toca a los problemas de la democracia en países y regiones del mundo donde esa tradición no es propia, es decir, allí donde la instauración mundial de un ethos democrático y de la democracia como el único régimen político posible plantea serias dificultades de aplicación práctica, así como también el importante debate en torno a las implicaciones para la democracia de estas experiencias de cuestionamiento de las elecciones (y del voto) como único mecanismo legítimo de los regímenes democráticos para acceder al poder. Nos interesa aquí abordar el asunto de la gobernabilidad en sus relaciones con la democracia y la política como ejercicio.
Antes de entrar en una definición de gobernabilidad tal y como se maneja hoy día, es importante destacar que éste es un viejo concepto que tiene su origen en las sociedades democráticas avanzadas preocupadas por el futuro de la democracia y obsesionadas por el fantasma del desorden social en situaciones de multiplicidad y pluralidad de intereses y de crisis económica. En la base misma de la noción, está la cuestión de la capacidad de gobernar con eficiencia y eficacia y la capacidad de llegar a acuerdos políticos sustanciales y de manejar los conflictos entre los diversos actores sociales y políticos. De esta manera, la eficiencia y la legitimidad aparecen como los dos elementos constitutivos de la gobernabilidad.
En América Latina el tema hizo su aparición en los años 80 y recorrió un largo camino en el marco de los procesos de democratización que pusieron en jaque mate a las dictaduras militares y forzaron transiciones democráticas negociadas en un contexto de crisis económica, de crisis del modelo populista y de ajustes estructurales de carácter neoliberal bajo la dirección de las instituciones de Bretton Wood (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo). En ese momento, el eje central de la gobernabilidad estaba definido principalmente en términos de la capacidad de negociar, es decir, de llegar a pactos políticos entre fuerzas sociales y políticas en conflicto para hacer posible la transición democrática, por una parte, y en la posibilidad de manejar socialmente la crisis económica e impulsar la democracia, por la otra.
Un aspecto importante del debate fue la distinción entre gobernabilidad democrática y gobernabilidad autoritaria para llamar la atención sobre la capacidad de gobernar y de gestión de conflictos por la vía autoritaria que tenían las dictaduras militares. Sin embargo, lo que se impuso fue la noción de gobernabilidad democrática en tanto capacidad de gestión económica y política con respeto de las reglas del juego democrático. De esta manera, se dejaba de lado la capacidad de los regímenes autoritarios de crear un orden por la vía autoritaria y se limitaba el uso del concepto de gobernabilidad a la democracia.
En este principio de siglo XXI, la cuestión de la gobernabilidad está de retorno en la discusión social y política en América Latina. Los procesos recientes en el continente, que podrían ser analizados como un cuestionamiento desde abajo de más de una década de neoliberalismo, han puesto en el centro del debate acerca de la gobernabilidad todo lo relativo a las condiciones de legitimidad de los gobiernos y los problemas sustantivos que enfrenta la democracia en la región.
En ese contexto, observamos un doble proceso. Por un lado, la evolución del concepto que se orienta hacia una mayor precisión del contenido de la gobernabilidad en nuestros países y, por el otro, la tendencia a la politización del mismo, es decir su introducción en el debate político partidario en el que, utilizado de manera general y abstracta para descalificar adversarios políticos, sirve para sustentar posiciones antidemocráticas.
¿Qué es la gobernabilidad?
La gobernabilidad puede ser entendida, por un lado, como la capacidad de gobernar, es decir, de diseñar y ejecutar políticas públicas con eficacia y eficiencia y, por el otro, como la capacidad estatal de reducción y resolución de los problemas que plantea una sociedad compleja. Ambas capacidades se desenvuelven sobre la base de ciertos modos y patrones de gobierno ( governance , Robert Putnam, Making Democracy Work ) que implican un determinado diseño institucional de relaciones entre Poder Ejecutivo y Parlamento, de las relaciones entre los actores políticos, y entre éstos y el aparato estatal (Kent Weaver, Bert Rockman (eds.), Do Institutions Matter? ).
En el manejo del concepto de gobernabilidad y para hacerlo operativo hay que distinguir dos niveles de análisis interdependientes: legitimidad y eficiencia. Un sistema político adquiere gobernabilidad cuando reproduce su legitimidad y es eficiente y eficaz en la implementación de políticas públicas y en la obtención de los resultados u objetivos que se ha propuesto.
En el fragor de la lucha política hay una fuerte tendencia a tratar la gobernabilidad de manera abstracta y/o reduccionista. Sin embargo, la gobernabilidad no puede ser reducida a mayoría parlamentaria, a la relación entre Ejecutivo y Parlamento, a la simple capacidad de manejar o controlar los conflictos políticos y sociales, a eficacia tecnocrática o a la capacidad de toma de decisiones.
La gobernabilidad en un contexto democrático presupone actores sociales y políticos en conflicto, que se enfrentan, que tienen diferencias y oposiciones importantes y que en el escenario político son capaces de manejar la complejidad , la dinámica y la diversidad de la sociedad y producir resultados sin destruir el adversario. Esa es la característica intrínseca y el mayor desafío de la democracia como régimen político y de la gobernabilidad. La ausencia de estos elementos da lugar a regímenes totalitarios o de otro tipo. Por ello, y no por casualidad, la democracia, a diferencia del totalitarismo, ha sido definida como el mundo de lo posible y de la incertidumbre.
*La autora es socióloga, experta en sociología política y transportes.
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